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La evolución de la sociedad ha generado condiciones de orden basadas en la creación de normas, estructuras e instituciones responsables de cuidar el nivel de vida y el desarrollo de los miembros que integran dicha sociedad.

Uno de los aspectos más relevantes del nivel de vida tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos, con su protección física y mental y con el resguardo de sus valores o pertenencias materiales.

En la medida en que la migración humana se ha concentrado en las ciudades, han surgido diversos problemas de inseguridad que se han traducido en homicidios, robos, asaltos, secuestros, pandillerismo, violaciones, etc.

Las causas que originan estos problemas tienen que ver con dos factores principalmente, el primero se refiere a la desigualdad en la distribución de la riqueza; misma que genera pobreza y sentimientos de impotencia y frustración en los ciudadanos que no pueden accesar a una buena alimentación, educación y oportunidades dignas de trabajo, y el segundo, que es consecuencia del primero, se relaciona con el crecimiento descontrolado del negocio del narcotráfico.

En estudios sobre el comportamiento del crimen en los últimos 20 años, se ha descubierto que el delito de robo constituye el 85% del total y que de ese 85%, el 90% se atribuye a drogadictos que solo buscan robar lo necesario para mantener su fármaco-dependencia. Lo anterior confirma que el crecimiento del narcotráfico está afectando a todas las clases sociales y en especial a los jóvenes entre los 13 y los 28 años.

Todos los problemas mencionados no pasan desapercibidos para el gobierno, las autoridades competentes desarrollan programas preventivos y correctivos para tratar de eliminar éste fenómeno delictivo, sin embargo, la realidad y la dimensión del problema migratorio, del narcotráfico, de la pobreza, etc. es tal que todos los esfuerzos resultan insuficientes y en muchas ocasiones nulos para contrarrestar estos cánceres sociales.

El resultado final deja al ciudadano común y corriente, regularmente de clase media, en una situación de vulnerabilidad con la limitación de que las leyes y procedimientos penales facilitan la liberación de los ladrones capturados en menos de 72 horas, con el subsiguiente riesgo de una venganza hacia el responsable de poner la denuncia ante el ministerio público.

Ante ésta situación, una alternativa para minimizar el riesgo de ser víctima de un robo domiciliario o comercial que es menos peligrosa que manejar armas de fuego, más segura que poner rejas y perros, o menos costosa que tener vigilantes 24 horas, es el adquirir un sistema de alarma que proteja, en primera instancia, el perímetro de la residencia o negocio del ciudadano que se ve amenazado por el alto nivel de delincuencia que se presenta actualmente en las áreas urbanas.

 



  

  

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